La afirmación de que los métodos usados por los nativos son violentos .Lo que los nativos hicieron fue ocupar pacíficamente diversas instalaciones petroleras y gasíferas; así como también interrumpir el tránsito por carreteras y zonas fluviales. Se tomaron embarcaciones, pozos, plataformas, helipuertos y campamentos relacionados con la explotación gasífera y petrolífera, así como también centrales hidroeléctricas.
Desde la perspectiva de algunos sectores limeños no se entiende este tipo de medidas y fácilmente se les tipifica de violencia. No se hace una distinción, necesaria, entre la violencia y el uso responsable de la fuerza como recurso válido para llamar la atención de un estado ciego y sordo frente a las necesidades de la población y forzar una negociación.
Lo que realmente atiza la violencia es un estilo de gobernar que ignora totalmente a la población
El conflicto amazónico se debe a la forma como se han procesado los 102 decretos leyes para adecuar al país al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, privilegiando únicamente a la gran inversión, en continuidad con lo que O. Espinoza llama la “lógica extractivista que ha primado en la historia económica de la amazonía. En otras palabras, la economía amazónica ha privilegiado la extracción compulsiva de recursos naturales, ya sean renovables (como el caucho o la madera) o no renovables (como el gas o el petróleo), antes que auspiciar un desarrollo sustentable de la región”.
Alan García señala que con los decretos promulgados “abrimos nuevos mercados mediante los tratados de libre comercio y nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas”. Es interesante consignar que en el mismo artículo desliza lo que piensa de las comunidades, nos dice “Para fomentar la apertura de nuevas áreas a la inversión (…) se ha unificado los procedimientos de decisión de la mitad más uno de todos los miembros de las comunidades campesinas (DL. 1015) facilitando así su asociación, crédito, parcelación, alquiler, etc., que saquen de la pobreza a millones de peruanos a los que esa institución virreinal y colectivista ha mantenido en la miseria”.
El sector dialogante en el gobierno parece debilitarse
No ha dejado de sorprender que el Premier, Jorge del Castillo, uno de los principales representantes de este sector dialogante, haya asumido posiciones tan duras en el conflicto que comentamos. Llegó a declarar que “El Gobierno se ha visto obligado, por defender a los peruanos, a tomar medidas como el estado de emergencia (…) Sin ello hoy día habrían tomado Camisea y estaríamos a oscuras. Estamos frente a un complot”.
Parece haberse contagiado de la actitud presidencial, bien descrita por Sinesio López cuando nos dice que “cualquier demanda y la más modesta protesta social son definidas por él {se refiere al Presidente} como una declaratoria de guerra”. En este caso el gobierno acusó a algunas ONG (“buitres del siglo XXI, les llamó el Ministro de Agricultura, Ismael Benavides), a Patria Roja y a Humala de estar detrás del paro indefinido de 65 etnias amazónicas; buscando con ello “echarse abajo el gobierno”. Coincidimos con C. Basombrío cuando dice que “no entienden nada quienes creen que Humala es capaz de organizar y dirigir protestas como estas”.
Y también coincidimos con Caballero y Cabrera cuando señalan que “el nuevo periodo de conflictos sociales que se abre con estas medidas requerirá de un reforzamiento de los mecanismos de diálogo, consenso y respeto de derechos de los ciudadanos por encima de las políticas de control del orden y de la acusación fácil de antisistema”).
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